Telecomunicaciones, reforma vigente

Con la promulgación de la reforma constitucional en telecomunicaciones, se inician los plazos de cumplimiento de varias de sus importantes disposiciones transitorias, y cobran vigencia inmediata otras de enorme trascendencia, entre ellas, la inversión extranjera directa hasta el 100% en telecomunicaciones y hasta el 49% en radiodifusión, ésta última bajo cláusula de reciprocidad. También se pone en marcha el proceso de selección de los comisionados que integrarán tanto el nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones, como la fortalecida Comisión Federal de Competencia.

No hay duda que los dos mandatos constitucionales más relevantes de la reforma, auténticos retos que ponen a prueba la voluntad política expresada a lo largo de toda la discusión y aprobación de las adiciones a nuestra Carta Magna, son la integración de los órganos reguladores, y la concresión de la legislación secundaria. En el acto de firma que se llevó acabo ayer en el Museo Tecnologico de la Ciudad de México, el Presidente de la República, lo dejó claro: "las reformas constitucionales deben reflejarse en las leyes secundarias".

En los siguientes ochenta días naturales a la publicación en el diario de oficial de la federación, deberán haberse desahogado las tres etapas contempladas en el decreto para elegir al nuevo IFETEL y COFECO: la evaluación y selección de propuestas (60 días), la designación por parte del Presidente de la República para cada una de las siete vacantes (10 días) y la ratificación, en su caso, por el Senado de la República (10 días).

Una vez que esté constituído el IFETEL ya tiene mandatos claros, más allá de que se produzca o no la legislación reglamentaria y se ajuste el conjunto de los cuerpos normativos que toca la reforma. Deberá, por ejemplo, resolver sobre la procedencia o improcedencia para la prestación de servicios adicionales de los actuales concesionarios y determinará las contraprestaciones correspondientes. Aplicará las disposiciones en materia de must offer y must carry, y en un plazo no mayor a seis meses deberá publicar las bases y convocatorias para licitar nuevas concesiones de televisión abierta agrupadas en por lo menos dos nuevas cadenas de cobertura nacional.

En el mismo plazo deberá determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones, e impondrá las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales; entre éstas, puede ordenar la desinversión, desincorporación de activos, partes accionarias, así como la desagregación efectiva de la red local del agente preponderante en telecomunicaciones.

En el mismo periodo de seis meses, la reforma le impone al Congreso de la Unión un trabajo monumental: ajustar la legislación secundaria a los nuevos preceptos, algo así como una docena de leyes y crear la ley reglamentaria, que deberá ser una sola legislación tanto para telecomunicaciones como para radiodifusión, esto es, de carácter convergente. Está será, sin duda alguna, la batalla por venir más importante para ver cristalizados los principios constitucionales en materia de competencia, diversidad y pluralidad de medios de comunicación, así como los lineamientos generales que se establecieron a lo largo del artículado transitorio y en el que detecto por lo menos, cuarenta ordenamientos a la ley. Por supuesto que no debemos descartar la acción de quienes buscarán reducir o neutralizar los alcances de esta legislación. Ya lo vimos en ambas cámaras del Congreso como los personeros de las televisoras rebajaron el contenido y disminuyeron el calado de la iniciativa producida en el seno del Pacto por México, mediante chantajes y negociaciones en otros rubros, con la concurrencia de los coordinadores priístas.

La tarea por venir exige de quienes han apostado y defendido la reforma en sus términos y nos han ofrecido las mejores interpretaciones en favor del interés público, no descuidar el proceso reglamentario. Sobre todo las organizaciones de la sociedad civil, a cuyo impulso y perseverancia tanto debe esta reforma, no pueden apartarse ni un momento del trabajo de las comisiones legislativas, porque todavía no hemos llegado, en realidad estamos en el punto de partida más álgido, por supuesto el más emocionante, el más esperanzador.

Será dura la batalla, porque no es cualquier cosa establecer tipos penales especiales que castiguen severamente prácticas monopólicas y fenómenos de concentración; o desarrollar, como lo establece la nueva fracción IV del inciso B, del artículo tercero constitucional, la prohibición de la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa. Entre uno de los mayores ideales por el que tanto hemos luchado, se asienta el reto de plasmar en la ley la nueva concepción de la radiodifusión como un servicio público de interés general, "Por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. de esta Constitución". .

Es una auténtica oportunidad, para poner fin al abuso y al mercantilismo de la televisión, desarrollar la prohibición de difundir publicidad engañosa o subrepticia, y establecer mecanismos que aseguren la promoción de la producción nacional independiente. Establecer prohibiciones específicas en materia de subsidios cruzados o trato preferencial; determinar criterios conforme a los cuales el Instituto Federal de Telecomunicaciones otorgará autorizaciones para el acceso a la multiprogramación; la creación de un Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Desarrollar lo más ampliamente posible, los lineamientos para que los medios públicos cuenten con independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, opciones de financiamiento, pleno acceso a tecnologías, y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales.

El reto está a nuestra vista, porque ya está escrito en la Constitución. Sería imperdonable que por mezquindades, confusiones, incomprensiones o protagonismos histéricos, no lo pudiéramos hacer posible, vigente, positivo en la ley.