Existe en el movimiento social oaxaqueño, derivado de lo que fue la APPO, una discusión soterrada que causa comezón cada vez que alguien se atreve a comentarla.
Resulta que mientras para algunos afectados por la represión del año 2006 fue correcto aceptar una indemnización de 170 mil pesos por parte del gobierno de Gabino Cué Monteagudo, para otros esa cantidad es insuficiente porque no se hace una reparación integral del daño y sólo justifica de manera legaloide y amañada el dictamen emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el asesino Ulises Ruiz Ortiz.
De bien a bien, no sé si quienes sostuvieron en los medios una discusión sobre el tema estén basando sus dichos en los principios de lo que fue la Asamblea Popular, pero lo que sí sé es que están muy lejos de los sentimientos de las familias que perdieron a sus seres queridos, atravesados por las balas de francotiradores, caravanas de la muerte y asesinos a sueldo que fueron contratados por "El Chacal de Chalcatongo" y sus cómplices para poder mantenerse en la silla gubernamental.
Para los dueños del poder y del dinero es muy sencillo ponerle precio a la vida de un proletario; ellos regulan las cantidades a su antojo, hacen sus leyes y las van modificando según sus conveniencias. Para los oligarcas y su aparato de Estado la que vale es la Ley de la Oferta y la Demanda. Hay millones de parias dispuestos a vender su fuerza de trabajo si echan a la calle a otros tantos millones.
Un caso emblemático es el denunciado por Amnistìa Internacional y que puede servirnos -tal vez arbitrariamente- como un ejemplo para lo que me ocupa en este artículo.
El 3 de diciembre de 1984, en la región de Bhopal (India), se produjo un desastre por la fuga de 45 toneladas de gases tóxicos de una fábrica de pesticidas propiedad de la compañía estadounidense Union Carbide India Limited; la nube lechosa de isocianato de metilo, un químico usado para producir pesticidas, por su peso, se desplazó a ras de suelo y miles de personas murieron por intoxicaciòn de manera inmediata (20 mil según las cifras oficiales) y cientos de miles quedaron afectadas. La empresa fue abandonada por los dueños y no fue sino hasta 1988, después de intensas movilizaciones de protesta, que fue obligada a cubrir una irrisoria cantidad por concepto de indemnización.
Los negociadores de la empresa y el gobierno Indio concluyeron que se pagarían 470 millones de dólares, considerando el ingreso per cápita de los trabajadores que en aquel entonces era de 250 dólares.
En un ejercicio aritmético actualizado, correspondería a cada familia afectada por un familiar muerto la cantidad de 23 mil 500 dólares, lo que significaría 298 mil 50 pesos mexicanos.
Revisando los datos que los dueños del mundo publicaron a través del Banco Mundial en 2011, encuentro que en Estados Unidos el ingreso per cápita es de 48 mil 112 dólares, en Francia es de 42 mil 379, en Inglaterra es de 65 mil 550, en Etiopía de 357, en Haití de 726 y en México de 10 mil 047.
¿Se imaginan ustedes cuánto tendrían que pagar por indemnización los dueños del poder y del dinero en México si se sujetaran -por lo menos- a los resultados de la negociación por los muertos de Bhopal? Estaríamos hablando nada más y nada menos que de 11 millones 922 mil pesos por persona aproximadamente.
En México, era común que las negociaciones para ponerle precio a una vida en un tribunal llegaran a tasarse entre 80 y 100 mil pesos por homicidio culposo, pero recientemente los dueños del poder y del dinero han legislado que se paguen hasta 5 mil días de salario mínimo vigente según el área geográfica del hecho, lo que representa en el área geográfica "A" la cantidad de 323 mil 500 pesos, mientras que en el área "B" corresponden 306 mil 500 pesos.
Que quede claro, no estoy tratando aquí de ponerle precio a la vida de un ser humano y mucho menos a la de un luchador social asesinado o reprimido; estoy tratando de evidenciar cómo los dueños del poder y del dinero hacen de nuestras vidas lo que quieren, mientras nosotros nos peleamos por una o por otra cantidad miserable que nos arrojan.
Fueron decenas los ciudadanos asesinados y reprimidos durante el sexenio de Ulises Ruiz Ortiz y algunas familias ya aceptaron la mínima cantidad de dinero que les ofreció el actual gobierno. Por principio, no se puede compartir la forma en que el gobierno de Gabino Cué y quienes ya aceptaron la indemnización interpretan la resolución de la SCJN. Lo que ahora debe hacer el movimiento social, con el recién constituido Frente Único de Lucha, es exigir con toda su fuerza la aplicación de la ley contra el multiasesino Ulises Ruiz y todos sus cómplices. La justicia no es resarcir el daño con dinero. El paso que está obligado a dar el gobierno, es llevar a la cárcel a todos aquellos funcionarios que dieron las órdenes de asesinar opositores durante y después del 2006.
No debe perderse de vista que el gobierno del Pacto está dando golpes publicitarios con la detención de algunos delincuentes para afianzarse en el poder. Llevó a la cárcel a la dueña del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales, mantiene bajo arraigo al exgobernador de Tabasco Andrés Granier Melo y le sigue los pasos al exgobernador de Aguascalientes Luis Armando Reynoso Femat.
Los tres personajes anteriores son repudiables como repudiable es el asesino Ulises Ruiz Ortiz. ¿Cuál será la razón por la que no quieren tocar ni con el pétalo de una rosa al "Asesino de Antequera"? ¿Acaso piensan que con dinero callarán los afanes de justicia del pueblo de Oaxaca? Eso sólo podremos saberlo si se exige con mucha contundencia y sin blandenguerías que queremos verlo en la cárcel y pague sus culpas por los asesinatos cometidos, además que devuelva los cientos de millones de pesos que robó al erario público. De otro modo imposible.
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